Elementos para una arqueología del Estallido Social en Chile: el enorme poder del capital sobre el trabajo

Frente al estallido social provocado por un movimiento colectivo heterogéneo en su forma y contenido, se proponen diversas interpretaciones respecto de sus causas, se aventuran también algunas propuestas para una salida viable. En cualquier caso, el trabajo en tanto actividad que permite la producción, el sostenimiento y la reproducción material de cualquier sociedad, permanece relativamente ausente, tanto en la evaluación de los desencadenantes del descontento social que derivó en movilización, como en la proyección de las posibles soluciones.

En primer lugar, el sistema político ha intentado procesar la demanda social, en un primer momento a partir de sus estrechos marcos interpretativos y luego, específicamente algunos actores del poder Legislativo, produciendo un acuerdo político encaminado hacia una nueva constitución. El Ejecutivo se ha mostrado esquizoide. Mientras declaró la guerra, pidió disculpas y reprimió –sigue y seguirá reprimiendo– con la posibilidad que le entrega el monopolio legítimo de la aplicación de la fuerza sobre la población. Aseguró haber entendido las demandas ciudadanas al mismo tiempo que bonificó el descontento y realizó un ajuste del gabinete más bien generacional que ideológico o político, un gesto para suavizar el intento de implementar nuevos ajustes al Estado subsidiario. El Legislativo, eunuco en un comienzo, incapaz de responder con la celeridad requerida por la población movilizada, exhibiendo las limitaciones propias de sus lógicas constitutivas, durante los primeros días de las protestas, sin entender mucho lo que estaba ocurriendo, aprobó la disminución de la tarifa del Metro (recordar que el alza en $30 del pasaje fue la causa manifiesta de las movilizaciones), planteó la realización de acusaciones constitucionales y propuso futuras disminuciones en las dietas parlamentarias, configurándose en la caja de resonancia que deformaba el malestar social.

Posteriormente, tres semanas después del estallido, mientras el Ejecutivo un tanto ensimismado, se mostraba incapaz de procesar las demandas de la población movilizada, parlamentarios del oficialismo y representantes de partidos de oposición –con excepción de PC– elaboraron un itinerario con los principales puntos para el llamado “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, canalizando las múltiples demandas ciudadanas, trasladándolas al terreno de lo político, asumiendo la necesidad de que la posible salida de la crisis sea la refundación institucional del país a partir de una nueva Carta Fundamental, deliberada por la ciudadanía, que deje atrás la constitución de 1980, uno de los principales enclaves autoritarios heredados de la dictadura militar de Pinochet. Luego, intentando tomar algunas de las demandas más sentidas del movimiento, plantean la posibilidad de subir un 50% las pensiones solidarias, cuestión que todavía está pendiente de su confirmación.

En segundo lugar, el sector empresarial ha sido cauto al momento de evaluar las causas del descontento social. No así sus consecuencias, en donde los discursos transitan desde la inminente crisis económica, pasando por el impacto negativo de las movilizaciones para ciertos sectores productivos, las exportaciones y en las expectativas de crecimiento en general. Respecto de los orígenes del malestar, muy poco. En general, hay una evaluación que indica que el problema está en los bajos salarios1, cuestión que ha derivado en algunas iniciativas de carácter individual, empresarial o de grupos de empresas. Es así como la fortuna más importante de Chile, Andrónico Luksic, anunció un piso mínimo de $500 mil en el sueldo de las personas que trabajen en Quiñenco, consocio empresarial matriz del Grupo Luksic; por otro lado, COMACO, una de las principales empresas B, propuso abrir la discusión acerca del Salario Ético. En el plano gremial, se muestra un cambio en la disposición del actor empresarial frente a las necesidades sociales. Así, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, llamó a su sector «a escuchar con los oídos bien grandes», lo que está diciendo la calle; y el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Matte, se alineó con las declaraciones de Swett respecto a la posibilidad de discutir la integración del sistema tributario.

En tercer lugar, algunos analistas e intelectuales, en un comienzo, intentaron encasillar a los actores movilizados definiéndolos generacionalmente y determinando su malestar a partir de expectativas desmedidas y la percepción de desigualdad que derivaba en actos de violencia presa de sus pulsiones2. También, otra de las causas que se aludió para comprender los motivos de la revuelta, fue la despolitización de la población facilitada por la Constitución de 1980, entendida como la exclusión de los actores desde los espacios o canales institucionales de representación3. Por otro lado, en un registro propiamente sociológico, se ha buscado explicar las raíces de la conflictividad y la radicalización de la protesta, asegurando que el gran conflicto en Chile refiere a cuestiones de redistribución, desigualdad e injusticia económica y social, sobre todo en los ámbitos laboral, estudiantil y pensiones4. Específicamente en lo relacionado con la desigualdad5, se hace hincapié en que nuestro país se encuentra entre los más desiguales del mundo6, siendo el más desigual de los que forman parte de la OCDE, lo que se ve reflejado en el coeficiente de Gini, cuyo valor en Chile llegó a 0,48 el año 2017, siendo 0 la mínima desigualdad y 1 la máxima7. La población, cansada de la presión basada en la exclusión política y desigualdad económica y social, harta de las colusiones y la corrupción, salió a las calles a manifestar su malestar.

Tanto el sistema político, los actores empresariales, los analistas e intelectuales, han abordado de manera más o menos profunda y, sobre todo este último grupo, relativamente certera algunos síntomas presentes de forma manifiesta en la sociedad chilena. Aunque en este intento por comprender las condiciones sociales de producción de la protesta colocan los axiomas en el lugar de las demostraciones. La redistribución, la desigualdad y la injusticia económica y social son fenómenos complejos, que sin duda requieren ser analizados, comprendidos y, sobre todo, combatidos. Pero estos, al igual que la explosión social, son consecuencias y no causas.

____________________________________________________________________________

1 Este tema ha sido trabajado por la Fundación Sol en la serie Los Verdaderos Sueldos de Chile, cuya última versión se puede revisar en http://www.fundacionsol.cl/estudios/losverdaderos-salarios-de-chile-2018/

2 https://www.elmercurio.com/blogs/columnistas/1/pena-carlos.aspx

3 https://ciperchile.cl/2019/11/13/como-la-despolitizacion-y-marginacion-promovida-por-la-constitucion-del-80-hoy-nos-pasa-la-cuenta/

4 https://ciperchile.cl/2019/10/29/las-raices-de-la-conflictividad-y-radicalizacion-de-la-protesta-en-chile-lo-que-sabemos-y-lo-que-no/

5 https://www.latercera.com/pulso/noticia/osvaldo-larranaga-la-reduccion-la-desigualdad-no-solo-tarea-del-estado-la-empresa-privada-tambien-cooperar/904944/

6 http://documentos.bancomundial.org/curated/es/242251476706821424/pdf/109215-REVISED-PUB-PUBLIC.pdf

7 En los países escandinavos este coeficiente se aproxima a 0,25.

 

Comparte y difunde
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *